Gonzalo Lema:
“LA FISCALIZACIÓN, UN ACTO DEMOCRÁTICO;
LA DENUNCIA, UN ACTO TERRORISTA”
El quehacer municipal en la ciudad de Cochabamba está plagado de un ambiente político que está dando rienda suelta al permanente reflote de la denuncia venciendo –muchas veces- a la fuerza constitucional de la fiscalización.
Sobre el particular, se realizó un reflexivo diálogo con el concejal municipal de la ciudad de Cochabamba, Gonzalo Lema. Abordamos con él sobre el rol de la fiscalización que ejercen los concejales municipales, su alcance y el efecto mediático de la simple denuncia ante la opinión pública.
Gonzalo Lema, abogado de profesión, escritor de corazón y concejal masista por mandato del voto popular cochabambino, ejerce actualmente la Presidencia de la Comisión Primera de Desarrollo Económico, Administrativo, Jurídico y Financiero del Concejo. Para el entrevistado, la denuncia es apenas la etapa inicial del proceso fiscalizador, distingue a los “denunciantes de profesión” porque asegura que ellos no buscan la verdad y porque sus actos descansan en la difamación como instrumento mediático para justificar una campaña política de baja intensidad.
Periodista (P).- El Concejo Municipal de Cochabamba es una instancia que se aboca a la legislación de las normas locales, pero una de sus tareas más importantes viene a ser la fiscalización, misma que muchas veces no pasa de su etapa larvaria, por decirlo así, quedando como denuncia. ¿Qué opina Ud. al respecto?
Gonzalo Lema (GL).- La consulta es muy atinada porque considero que ya es momento de que la ciudadanía distinga la fiscalización de la denuncia. La denuncia proviene de un hecho probablemente ilícito que -para ser develado- debe convertirse en fiscalización.
La denuncia sirve para generar fiscalización, pero en la práctica sólo daña al prójimo. La denuncia, como mecanismo de control, tiene patitas muy cortas y normalmente termina en nada si no ingresa a la formalidad de la fiscalización, entonces los resultados de la denuncia de patitas cortas son: el deterioro de la gestión, la difamación, daño al prójimo...
Por otra parte, el profesional de la denuncia sólo quiere dañar y difamar porque constantemente echa brincos como un sapo, migrando de una denuncia a otra sin aterrizar en resultados.
P.- ¿Pero qué ámbito de acción le asigna la ley a la fiscalización que ejercen los concejales municipales?
GL.- A la luz de la ley, la fiscalización consiste en el requerimiento de cuentas y de todos los informes que hagan falta al órgano ejecutivo con documentación plena, para la elaboración de los resultados que pueden derivar en la aprobación de lo actuado, en su rechazo con la consiguiente remisión a la Comisión de Etica o –en su caso- trasladarlo a la justicia ordinaria.
Es bueno también comprender que la fiscalización es un acto democrático y doctrinalmente hablando, es un derecho humano en su acápite de los derechos políticos; dicho de otra manera, el fiscalizador es un recurso de la democracia para llegar a la verdad y el denunciante de patitas cortas es un terrorista de la democracia que no busca la verdad, sólo busca el protagonismo y dañar a cualquier costa al prójimo. El denunciante quiere pega, el fiscalizador busca resultados y tiene un rol democrático
P.- Sin embargo la ciudadanía se ha vuelto –por así graficarlo- en un glotón de la denuncia?
GL.- Ya llevamos más de 27 años de vida en democracia y la ciudadanía tiene que profundizar su comprensión. Por tanto, tiene que elevarse un peldaño para distinguir y separar el escándalo para quedarse con la verdad; valorar al fiscalizador y no al denunciante de patitas cortas, al sapito que da brincos.
P.- ¿Prevalece más la denuncia que la fiscalización en el Concejo de Cochabamba?
GL.- Constitucionalmente tiene siempre que prevalecer la fiscalización en el Concejo, pero advierto que hay un abuso de la denuncia ventilada a través de los medios de comunicación y enfocada como una campaña latente, una campaña política de baja intensidad.
P.- Pero la denuncia de patitas cortas, como Ud. califica, generalmente tiene más éxito y espacio en los medios de comunicación que la verdadera fiscalización.
GL.- Su apreciación es dura, pero es correcta, tropieza con el poco interés de la prensa que da cobertura al municipio. En Bolivia sigue siendo mejor noticia la denuncia de patitas cortas que la fiscalización, posiblemente porque para fines de marketing funciona mejor, vende más y lo otro no. Porque tal vez su espíritu es establecer la verdad, detectar culpables, pero –fundamentalmente- resarcir daño, pero eso no vende.
P.- ¿Qué deben hacer los medios de comunicación en estas circunstancias?
GL.- Además de especializarse en el ámbito municipal, como un mínimo requisito, es subir su nivel de trabajo; tienen que entender que forman parte de la estructura del Estado, son más importantes que los partidos políticos, inclusive pueden equipararse al sistema de partidos políticos porque generan opinión pública.
A mi entender, los medios de comunicación tienen que generar espacios donde la fiscalización se debata documentalmente y se fomente la investigación y no contentarse con la denuncia, porque la denuncia es fácil de procesarla en términos periodísticos, carece de contraparte y puede ser dirigida. En cambio, el debate documental, el cruce de información, el contraste de cargos y descargos demanda una investigación seria y ardua, tiene contrapartes y no se puede dirigir; permite la redacción de una información valiosa, es más compleja su elaboración, pero el espíritu del periodismo es la búsqueda de la verdad y no la redacción fácil y sesgada de notas inspiradas en la denuncia. Por eso el buen periodismo es una majestad a la que debemos saludar a diario y considero que los medios de comunicación no deben llenar sus informativos con meras denuncias.
Por otro lado, debo reconocer que tampoco existe un manejo ético de la información que maneja el denunciante de patitas cortas, porque éste se apropia del trabajo del verdadero fiscalizador y a nombre de la fiscalización arma su campaña política de baja intensidad, desinforma, daña al próximo y -lo peor- nunca busca la verdad y si la encuentra no la divulga. El fiscalizador genera un comportamiento mesurado, equilibrado; el denunciante de patitas cortas -por el contrario- genera una mentalidad de terrorista.
P.- Ahora que estamos empapados del tema, Ud. preside la Comisión Primera de Desarrollo Económico, Administrativo, Jurídico y Financiero y tiene a su cargo gran parte de los procesos de fiscalización; su comisión es la que eleva dictámenes recomendando la aprobación de contratos y todo tipo de auditorías, cómo marcha el trabajo al interior de su comisión?
GL.- Hemos evacuado 150 informes de auditoría interna y de la Contraloría. La Comisión Primera es la receptora de los exámenes de auditoría interna y de la Contraloría realizados al Ejecutivo y sus instancias. Esta comisión es la responsable de la aprobación inicial de los procesos de licitación y adjudicación de contratos.
Pero en el ámbito de la fiscalización le puedo mencionar que fuimos los responsables para recomendar ante el pleno la anulación de la adjudicación del seguro para la cobertura del patrimonio municipal de la Alcaldía, porque se estableció que un ex funcionario municipal de alta jerarquía formaba parte de la compañía de seguros a contratar y la ley advierte que esta es una anomalía que se puede prestar a tráfico de influencias.
También fuimos los responsables para no recomendar la firma de contrato con una empresa constructora para el viaducto de la Av. 6 de Agosto, obra estrella, de ese año, del alcalde Gonzalo Terceros. Advertimos que la empresa no cumplía con los requisitos mínimos que establecía la ley para ejecutar tan importante proyecto. También puedo mencionar que recomendamos la licitación de la Feria de la Laguna Alalay para poner a derecho esta importante actividad económica, en fin hay muchísimos más ejemplos, pero cito estos como los más importantes.
P.- Muy arduo el trabajo de fiscalización y con pocas cámaras y grabadoras para registrar?
GL.- Es un rol democrático que debe llegar a la población, pero con resultados. La fiscalización debe ser un patrimonio de la sociedad, no un instrumento para el protagonismo personal y político de nadie.
Cochabamba, 2 de Marzo de 2009